Siempre me he preguntado porqué las cosas no se hacen de forma diferente, de forma coherente o, simplemente, cambiando la forma para aparentar que se intenta mejorar.
Me refiero ahora mismo a lo que se llaman Obras Administrativas, en cualquiera de sus variantes sean estatales, autonómicas o locales. Yo propongo otro sistema alternativo que tal vez sirva de un modo más ecuánime y que no sólo ahorrará dinero a las Administraciones sino que además, se contratará justamente y en las regiones en las que la obra se ejecute. No más especulaciones con el dinero Público, que, al fin y a la postre, sale de los sacrificios de todos los ciudadanos.
La idea es que en vez de contratar la obra con la constructora que salga vencedora en una licitación por una cuantía inferior al valor asignado por los técnicos que realicen el proyecto se contraten varias empresas según la actividad concreta según su valía y solvencia técnica y siempre con dos condicionantes:
a).- Que sea la empresa válida más cercana al emplazamiento de la obra.
b).- Que esta empresa no esté realizando en el momento del contrato obras con ninguna administración.
Con esto se ganarían varias cosas, siempre según mi criterio claro:
1.- El técnico redactor del proyecto debe hacerse responsable del Presupuesto que incluye en el mismo, o al menos de que sus variaciones no sean excesivas. No tiene ningún sentido que se prepare un Proyecto de Ejecución cuyo Presupuesto estimado sea de una cuantía concreta y que, por mala redacción, por desconocimiento o mala praxis terminen costando esas obras el doble, triple o cuádruple del presupuesto inicial. Tampoco tiene ningún sentido que el mismo presupuesto salga a concurso y sea adjudicado a una empresa que, previsiblemente lo realizará en la mitad o tres cuartas partes del valor presupuestado. O el técnico ha hecho muy mal el presupuesto o la empresa está incurriendo en falsificación de valores.
2.- Al contratar con un presupuesto concreto ninguna empresa tiene que hacer ajustes extraordinarios contratando personal sin experiencia, comprando materiales de baja calidad, incurriendo en faltas a la seguridad y salud de los trabajadores. Se le adjudicará una parte de la obra concreta por un presupuesto concreto y lo realizará conforme a unas medidas técnicas, logísticas, económicas y de seguridad y salud concretas no pudiendo salirse de ellas (salvo mejora impulsada por la propia empresa o por la Dirección del Proyecto).
3.- Al contratar empresas lo más cercanas al emplazamiento de la obra se favorece el crecimiento de las empresas de la región donde se sitúe la obra. Al ser ese contrato el único que deban tener con las diferentes administraciones se ofrece la posibilidad de que sean diferentes empresas las que salgan beneficiadas por las diferentes obras en una zona o región. Y, por último, al ser desglosada la obra en capítulos y cada capítulo contratado con una empresa diferente será un mayor beneficio para más empresas de la zona.
Por supuesto lo ideal es que las empresas estén especializadas en el tipo de trabajo a ejecutar, sino lo estuvieran tendrían que acreditar que han contratado personal especializado o se han provisto de los medios suficientes y precisos para hacerlo. De todas formas considero que, a tenor de que se tratan de obras de la Administración, y por lo tanto, obras de la ciudadanía en general, debe ayudar la misma Administración a la incorporación de esas empresas. No como hasta ahora que sólo se ha premiado a las empresas con mayor poderío económico puesto que son las que pueden rebajar los precios de sus obras hasta niveles de competencia desleal con los demás.
Todo son ideas que llevadas a la práctica se vería si realmente funcionarían bien o no.
Me refiero ahora mismo a lo que se llaman Obras Administrativas, en cualquiera de sus variantes sean estatales, autonómicas o locales. Yo propongo otro sistema alternativo que tal vez sirva de un modo más ecuánime y que no sólo ahorrará dinero a las Administraciones sino que además, se contratará justamente y en las regiones en las que la obra se ejecute. No más especulaciones con el dinero Público, que, al fin y a la postre, sale de los sacrificios de todos los ciudadanos.
La idea es que en vez de contratar la obra con la constructora que salga vencedora en una licitación por una cuantía inferior al valor asignado por los técnicos que realicen el proyecto se contraten varias empresas según la actividad concreta según su valía y solvencia técnica y siempre con dos condicionantes:
a).- Que sea la empresa válida más cercana al emplazamiento de la obra.
b).- Que esta empresa no esté realizando en el momento del contrato obras con ninguna administración.
Con esto se ganarían varias cosas, siempre según mi criterio claro:
1.- El técnico redactor del proyecto debe hacerse responsable del Presupuesto que incluye en el mismo, o al menos de que sus variaciones no sean excesivas. No tiene ningún sentido que se prepare un Proyecto de Ejecución cuyo Presupuesto estimado sea de una cuantía concreta y que, por mala redacción, por desconocimiento o mala praxis terminen costando esas obras el doble, triple o cuádruple del presupuesto inicial. Tampoco tiene ningún sentido que el mismo presupuesto salga a concurso y sea adjudicado a una empresa que, previsiblemente lo realizará en la mitad o tres cuartas partes del valor presupuestado. O el técnico ha hecho muy mal el presupuesto o la empresa está incurriendo en falsificación de valores.
2.- Al contratar con un presupuesto concreto ninguna empresa tiene que hacer ajustes extraordinarios contratando personal sin experiencia, comprando materiales de baja calidad, incurriendo en faltas a la seguridad y salud de los trabajadores. Se le adjudicará una parte de la obra concreta por un presupuesto concreto y lo realizará conforme a unas medidas técnicas, logísticas, económicas y de seguridad y salud concretas no pudiendo salirse de ellas (salvo mejora impulsada por la propia empresa o por la Dirección del Proyecto).
3.- Al contratar empresas lo más cercanas al emplazamiento de la obra se favorece el crecimiento de las empresas de la región donde se sitúe la obra. Al ser ese contrato el único que deban tener con las diferentes administraciones se ofrece la posibilidad de que sean diferentes empresas las que salgan beneficiadas por las diferentes obras en una zona o región. Y, por último, al ser desglosada la obra en capítulos y cada capítulo contratado con una empresa diferente será un mayor beneficio para más empresas de la zona.
Por supuesto lo ideal es que las empresas estén especializadas en el tipo de trabajo a ejecutar, sino lo estuvieran tendrían que acreditar que han contratado personal especializado o se han provisto de los medios suficientes y precisos para hacerlo. De todas formas considero que, a tenor de que se tratan de obras de la Administración, y por lo tanto, obras de la ciudadanía en general, debe ayudar la misma Administración a la incorporación de esas empresas. No como hasta ahora que sólo se ha premiado a las empresas con mayor poderío económico puesto que son las que pueden rebajar los precios de sus obras hasta niveles de competencia desleal con los demás.
Todo son ideas que llevadas a la práctica se vería si realmente funcionarían bien o no.
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